El índice de revalorización de pensiones provoca un nuevo recorte
A partir de 2014 se actualizaran mediante el Índice de Revalorización de Pensiones y asimismo, a partir de 2019, se relacionará la cuantía con la nueva variable de la esperanza de vida a los 67 años.
De nuevo, otra reforma del sistema de pensiones que trastocará visiblemente la cuantía de estas prestaciones. El nuevo anteproyecto de Ley Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revaloricación del Sistema de la Seguridad Social cambiará en 2014 el sistema de actualización que actualmente se rige por el IPC.
A partir de 2014 se actualizarán mediante el Índice de Revalorización de Pensiones y asimismo, a partir de 2019, se relacionará la cuantía con la nueva variable de la esperanza de vida a los 67 años.
La nueva fórmula de actualización mencionada, que fue propuesta por un comité de “expertos” que reunió el Gobierno, vincula las subidas de las pensiones a los ingresos (cotizaciones) y a los gastos (pensiones) del sistema. A ese índice el Gobierno ha incorporado dos topes: un mínimo (una subida del 0,25%) en el caso de que los ingresos no son suficientes para financiar los gastos; y un máximo (inflación más 0,25%), para cuando haya superávit.
De esta forma, el Gobierno justifica la pérdida del poder adquisitivo con el fin de reducir el gasto público y crear un sistema sostenible de pensiones. Sin embargo, el hecho objetivo es que España destina menos presupuesto que el resto de países europeos (alrededor de un 10% frente al 12% de media de la UE).
Números de ahorro
Tomando como base un 1% de la inflación el ahorro será de 33.000 millones de euros en 2022 (es decir, un 0'75% de la inflación), teniendo en cuenta que según los datos del Gobierno, en esa fecha se empezará a generar ingresos.
Sin embargo, las consideraciones están por debajo de las previsiones y datos de la Unión Europea a medio plazo, ya que el El Banco Central Europeo toma en consideración un 2% de inflación, al ser la tendencia de estos últimos años.
El recorte real rondaría sobre unos 70.000 millones de euros. Y si tenemos en cuenta el 3% de inflación, como es el promedio del IPC en España desde la entrada en la zona euro, podría sobrepasar los 110.000 millones de euros.
Números sobre cantidades
Actualmente, la prestación media de un jubilado asciende a 13.746,88 euros al año, 981,92 euros en 14 pagas.
Con la estimación de un 1% de inflación, la pensión de 2019 será 638 euros. Si la inflación en los próximos seis años se situara en el 2% anual, la devaluación acumulada en el mismo periodo equivaldría a 109 euros mensuales, unos 1.527 euros en todo el año.
Con el 3% de inflación, lo perdido por los pensionistas llegaría a 2.460 euros anuales, más de 175 euros en cada paga.
Consecuencias de la pérdida del poder adquisitivo
Teniendo en cuenta las cifras de referencia del Gobierno, la pérdida de poder adquisitivo de un año malo solo se recuperará cuando se sucedan tres años buenos, ya que lo máximo será la inflación del momento más 0,25%.
En base a los promedios reales del IPC, una merma del 1,75% (inflación del 2%, tope mínimo del 0,25%) de un solo año malo requiere 7 años buenos para compensar lo perdido.
Si esa pérdida es del 2,75% (inflación del 3%), harían falta 11 ejercicios con superávit de ingresos para compensar un solo año malo.
Resumiendo, las pérdidas de poder adquisitivo que anticipa el Gobierno hasta 2019 exigirían entre 18 años (con una inflación del 1% hasta 2022) y 71 años (si el IPC es del 3%) consecutivos de superávit de ingresos en el sistema de pensiones.
Tras ver estas cifras, son muchas las críticas negativas, pasando desde un informe de 24 economistas que rebaten las argumentaciones del Gobierno, hasta el último informe del Consejo Económico y Social que advierte que esta reforma empobrecerá a los pensionistas en contra de lo que dice el gobierno.
Independientemente de las posiciones, todas válidas en su concreto planteamiento, el hecho es que el artículo 50 de la Constitución afirma que: “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad”. Por lo tanto, el Estado, de una u otra forma, tiene la obligación de acudir a todos los recursos necesarios de que disponga para cumplir con este artículo.
