La banca deriva a los afectados de las cláusula suelo a los juzgados

Reclamar para que, no sólo le quitasen la clausula suelo, sino que también le devolviese todo el dinero que había pagado de más por su hipoteca durante años. Sin embargo, lo que a muchos parecía una buena medida de presión para los gigantes bancarios, se ha convertido en una suerte de paso pre-procesal que no está teniendo el éxito esperado y, casi podríamos decir que se ha quedado en papel mojado.

El Real Decreto establecía que desde la presentación de la reclamación por parte del cliente afectado, el banco tendría un plazo de tres meses para contestar de forma motivada si accedía a la devolución, así como la cantidad que devolvería, o si por el contrario consideraba que no debía de devolver cantidad alguna. Si en el plazo de los tres meses la entidad financiera no procedía a dar una respuesta a la reclamación, o la respuesta no satisfacía al cliente, entonces podría interponerse el procedimiento judicial correspondiente para la reclamación.

El mismo entró en vigor el 22 de enero de este año, y habida cuenta de que las primeras reclamaciones no se hicieron de rogar, ya empiezan a pasarse los plazos para las respuestas bancarias. Como muchos ya esperábamos, los bancos han rechazado, o ignorado, prácticamente todas las reclamaciones que se les han interpuesto. Los rechazos se han amparado en el manido argumento de que en ese caso la clausula suelo no se introdujo en la hipoteca de forma no transparente y que el cliente conocía su existencia y la aceptaba. Las reclamaciones positivas han representado una pequeñísima tasa de las que se han presentado a los Servicios de Atención al Cliente. Si bien esta medida legislativa se presentaba como una forma de agilizar el procedimiento de las devoluciones y desaturar los tribunales de este tipo de procedimientos, está claro que no ha conseguido para nada el efecto deseado.

Es cierto que no podemos realmente hablar de un porcentaje o unas cifras oficiales, pues no se ha aprobado ninguna comisión de seguimiento que realice esas labores de cuantificación. Lo que sí podemos avanzar es que desde el propio Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia se prevé( y se teme) un aluvión de demandas interpuestas en los próximos meses que colapsarán en parte los Juzgados y que hará que las tramitaciones se demoren en exceso. Esto es un problema más grave de lo que parece, pues el hecho de que entren más demandas de las que pueden atenderse no solo afecta a los procedimientos relativos a las clausulas suelo, sino a cualquier otro procedimiento que entre en los juzgados y tribunales, que se verá puesto a la cola también. Para tratar de paliar esta situación, el Consejo General del Poder Judicial propuso que se dedicara un juzgado por provincia en exclusiva a estos temas, como ya pasa por ejemplo en el caso de los Juzgados especializados en familia. El problema en este caso es que el volumen de reclamaciones a las que se va a tener que hacer frente,en un periodo muy corto de tiempo,excede con creces las posibilidades de maniobrar de un solo juzgado por provincia, y esto igual hará que ese juzgado esté colapsado y las reclamaciones se demorarían años.

Con todo y con eso, actualmente todo está un poco en el aire, y no podemos asegurar como se va a desarrollar, pues puede que se implementen mayores medios por parte de las autoridades, o puede que las previsiones de demandas finalmente no se cumplan porque haya gente que desista del procedimiento. Ahora mismo se trata sólo de expectativas, expectativas que no son muy halagüeñas.