¿Se puede impulsar la mediación a través de la legislación fiscal?

La Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, supuso un cierto impulso al uso de medidas alternativas a la vía judicial para la resolución de conflictos en las áreas de derecho civil y mercantil. Se regula mediante esta Ley una medida que es absolutamente voluntaria, salvo que exista un pacto por escrito que exprese el compromiso de someter a mediación las controversias surgidas entre las partes en un concreto negocio jurídico, en cuyo caso siempre se deberá de intentar la mediación antes de acudir a un procedimiento judicial tradicional.

Se postula como un procedimiento mucho más ágil que el procedimiento judicial tradicional, por lo que son muchas las personas que suelen acudir al mismo para solucionar pequeños conflictos. Sin embargo, uno de los aspectos que lo hacen menos llamativo en ciertos casos, como en las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales, es el hecho de que no goza de los mismos beneficios fiscales que un procedimiento judicial al uso.

Concretamente, y como nos muestra la Consulta Vinculante (CV) 0040/2018 de la Agencia Tributaria española, el artículo artículo 7.d) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (LIRPF), establece que estarán exentas de tributar en el IRPF las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales, en la cuantía legal o judicialmente reconocida.

Así las cosas, la CV interpreta qué significa que la cuantía sea "legal o judicialmente reconocida", al efecto de incluir o no en la exención a las indemnizaciones obtenidas a través de la mediación entre las partes,"Respecto a la cuantía legal cabe señalar que tal circunstancia se produce cuando una norma determine la cuantía de la indemnización, amparando la exención esta cuantía, estando sujeto y no exento el exceso que pudiera percibirse.

Por lo que se refiere a la cuantía judicialmente reconocida, este Centro Directivo considera comprendidas en tal expresión dos supuestos:

a) Cuantificación fijada por un juez o tribunal mediante resolución judicial.

b) Fórmulas intermedias. Con esta expresión se hace referencia a aquellos casos en los que existe una aproximación voluntaria en las posturas de las partes en conflicto, siempre que haya algún tipo de intervención judicial. A título de ejemplo, se pueden citar los siguientes: acto de conciliación judicial, allanamiento, renuncia, desistimiento y transacción judicial."

Por ello, concluye que aun cuando efectivamente la indemnización se perciba por los daños personales sufridos, como la misma no se ha otorgado en virtud de una norma que determine la cuantía a percibir, ni tampoco en el ámbito de un procedimiento con un mínimode intervención judicial, ésta no estará incluida en la exención fijada en el artículo 7.d) LIRPF.

En otro punto se encuentra la administración de la Comunidad Foral de Navarra, que se ha dado cuenta de que si no se cambian las normas fiscales se estará frenando el avance de la mediación en nuestro país. Para conseguir una mayor aceptación de someterse a mediación en este tipo de asuntos, ha decidido hacer cambios en la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, permitiendo que, siempre y cuando el beneficiario de una indemnización por daños personales como consecuencia de responsabilidad civil, acredite que la cuantía percibida ha sido acordada en un procedimiento de mediación de los regulados en la Ley 5/2012, podrá beneficiarse de la exención en el IRPF de estas cantidades.