Derechos consumidor: La información correcta sobre los diferentes bienes o servicios

Este derecho, como el resto de los que ya hemos ido hablando en días anteriores, está incluido entre los derechos básicos del consumidor y usuario fijados por el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Es el apartado d) de este artículo, y su contenido literal incluye el derecho a "la información correcta sobre los diferentes bienes o servicios y la educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute."

Este derecho se desgrana en los artículos 17 y 18 del mismo texto legal, y se divide en dos vertientes diferentes, la primera de ellas va enfocada a los poderes públicos, la segunda a los productores y comerciantes. La vertiente enfocada a los poderes públicos es la que trata la información, formación y educación de los consumidores y usuarios. Básicamente se trata del deber del Estado de conseguir que llegue a los consumidores la mayor cantidad de información para que todos ellos puedan comprender las condiciones adecuadas de uso o consumo de los diferentes productos y servicios que los vendedores ponen en el mercado. De hecho, impone la obligación a los medios de comunicación social que sean de titularidad pública, de disponer de algún espacio, no publicitario ni patrocinado por ninguna marca comercial, en el que se ofrezca ese tipo de formación e información. También se ha de facilitar las informaciones necesarias para que los consumidores y usuarios puedan llegar a comprender los derechos de los que gozan frente a las empresas proveedoras, de forma que puedan ejercer sus derechos de la forma más eficaz posible.

Un ejemplo de esta información o formación podrían ser las campañas que se desarrollan por el Ministerio de Sanidad para promover un consumo responsable de bebidas alcohólicas. Sin embargo, es cierto que muchas veces las entidades públicas no destinan los suficientes esfuerzos al desempeño de estas labores, terminando por quedar en aguas de borrajas, y quedando los consumidores totalmente desinformados sobre estos aspectos, sobre todo en el ámbito de la información para el ejercicio eficaz de los derechos de consumo.

La segunda vertiente, la dedicada a los profesionales, establece las normas del correcto etiquetado y presentación de los bienes y servicios ofertados. La premisa básica sobre la que se asienta es muy sencilla, nunca se debe de inducir a error al consumidor o usuario sobre lo que se está ofertando. ¿Y esto qué significa? Pues que el producto o servicios que se adquiera debe de ir acompañado de una serie de advertencias y explicaciones, tanto en el etiquetado como en cualquier otra documentación que se entregue de forma anexa. En concreto, los requisitos más importantes son

Indicaciones exactas y fieles sobre las características, particularmente sobre la naturaleza del bien o servicio, sus cualidades, su composición, origen y duración, entre otras. En concreto, son absolutamente obligatorias las menciones al nombre y dirección completa del productor; la naturaleza, composición y finalidad del bien o servicio; la calidad, cantidad, categoría o denominación usual o comercial, si la tienen; fecha de producción o suministro y lote, cuando sea exigible reglamentariamente, plazo recomendado para el uso o consumo o fecha de caducidad. Y, por último, deben de acompañarse las instrucciones o indicaciones para su correcto uso o consumo, advertencias y riesgos previsibles.

Nunca se le deben de atribuir efectos o propiedades que no posea, así como tampoco se deben de resaltar como propias y particulares de este cuando el resto bienes y servicios similares tengan esas mismas características.

Evidentemente, todas estas explicaciones, instrucciones y aclaraciones deben de ir, al menos, en lengua castellana, aunque además también se incluyan en otros idiomas.

Como vemos, este derecho trata de proteger al consumidor frente a la desinformación y la publicidad engañosa, haciendo posible que siempre que se adquiera un producto o servicio se conozca toda la información básica sobre este. Es decir, que el vendedor no engañe al comprador aduciendo que un bien o servicio tiene esta o la otra cualidad especial, y que luego resulte que todos los similares la tienen y no es algo especial. Por ejemplo, imaginemos que compramos una plancha para la ropa, y en la caja consta que esa plancha tiene como cualidad especial un sistema de producción de vapor, pues evidentemente esa sería una información engañosa, ya que todas las planchas actuales poseen sistemas de producción de vapor.