Recurrido el acuerdo que permite la cesión de datos de abogados a la Agencia Tributaria

Bajo el eslogán de Hacienda somos todos, la Agencia Tributaria habla de la necesidad de que todos contribuyamos a levantar las pesadas cargas del Estado. Eso queda claoro, todos debemos colaborar en la medida de nuestras posibilidades, pero ¿puede la Agencia Tributaria convertirse en una especie de Gran Hermano que vigila los actos de cualquiera? Pareciera que eso es lo que quiere, o al menos eso se desprende de la petición tan bizarra que lanzó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Le solicitó, ni más ni menos que los datos de todos los abogados y procuradores que hayan intervenido en cualquier procedimiento judicial en España durante los años 2014, 2015 y 2016, las fechas de intervención, el tipo y cuantía del procedimiento e incluso los datos personales del cliente. Una comprobación a gran escala, sin duda.

Ante tal petición, infundada por no tener un objetivo realmente claro y bien argumentado, el CGPJ debería de haberse negado en rotundo a ello, pues ¿para qué quiere esos datos la Agencia Tributaria? Sin embargo, nada más lejos de la realidad, el pasado 20 de julio este órgano decidió dar su visto bueno a la solicitud, a excepción de los datos relativos a los clientes que, esos sí, consideró que vulneraba el derecho a la protección de datos.

El punto de interés de esta petición, lo que hace que a mí entender deba tildarse de bizarra, es que esos datos que está solicitando al CGPJlos debería de haber obtenido por los cauces establecidos al efecto, y no de esta forma tan extrema y extensa. Y si, de facto, pudiera tener dudas sobre la información facilitada por algún profesional en concreto, o realiza la revisión de una declaración fiscal de una persona concreta, es de esa de la que debe pedir los datos que necesite para realizar las comprobaciones necesarias, y no de todo un colectivo completo, o dos, como en el presente caso.

Por ello, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha decidido defender el interés de su colectivo mediante la presentación el pasado 20 de octubre, ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de un recurso contra el referido acuerdo. El mismo se basa en la vulneración al derecho a la protección de datos de carácter personal que este acuerdo produce para todos y cada uno de los abogados afectados, además, incluso se habla de la posibilidad de producir un daño irreversible por la cesión masiva de los datos sin respetarlos principios de calidad ni deproporcionalidad que viene exigiendo la Ley Orgánica de Protección de Datos. De hecho, incluso se ha solicitado al Alto Tribunal la suspensión cautelar del acuerdo del CGPJ en tanto no se resuelva el litigio principal.

En palabras del propio CGAE, en un comunicado de prensa, se tacha al acuerdo impugnado de sembrarde forma indiscriminada e injustificada la sospecha sobre la actuación de los 150.000 abogados colegiados con una recogida de datos generalizada y sin especificar la finalidad concreta. Razón no le falta, ahora esperemos a ver que decide el Alto Tribunal sobre este asunto.