¿Qué es una regularización catastral?

Una regularización catastral es un procedimiento por el que Catastro actualiza el valor de un bien inmueble o lo hace aflorar al padrón correspondiente, rústico o urbano, cuando no estaban declarados por los propietarios o su valor había quedado desfasado o era incorrecto.

Se trata de un procedimiento administrativo que normalmente sirve para elevar el valor catastral de bien y que tiene gran transcendencia, no sólo por la tasa de 60 € que impone Catastro por la regularización por cada uno de los bienes, sino por la consecuencia que la elevación va a tener para el propietario directamente en los Impuesto Municipales sobre Bienes Inmuebles (más conocido como contribución urbana) y sobre el Incremento de valor de los terrenos urbanos (plusvalías), así como indirectamente sobre otros impuestos como el de Patrimonio, IRPF, Sucesiones, Donaciones y Actos Jurídicos Documentados.

La elevación de un valor catastral en 10.000 € por ejemplo, va a suponer dependiendo del municipio una subida de 83 € en el recibo anual del Impuesto de Bienes Inmuebles y una subida mucho mayor en los impuestos de plusvalías, IRPF… teniendo en cuenta que la misma regularización supone un incremento patrimonial del valor del bien lo que hace mayor la diferencia entre el precio de adquisición y el futuro precio de enajenación.

La buena noticia es que la regularización catastral, como todo acto administrativo, es un acto reglado, la valoración se regula por ley y se ofrece al interesado audiencia a lo largo de todo el expediente para que pueda formular alegaciones, o en su caso presentar los recursos pertinentes.

Si bien la valoración de los bienes se realiza a través de unos módulos de precios por metro cuadrado que vienen fijados reglamentariamente, existen coeficientes reductores aplicables a cada caso concreto, que la administración no tiene porqué conocer si no son alegados directamente por los interesados.

Por todo ello, es muy conveniente desde que el propietario conoce que se están regularizando sus bienes inmuebles, se asesore por un abogado experto en derecho contencioso administrativo quien le informará de todas las posibilidades para defender sus derechos.