Justicia Universal y extradición por los crímenes del franquismo

Hubo un tiempo en el que la justicia española se convirtió en una especie de Corte Penal Internacional bajo el principio de Justicia Universal en los años 90. De esta aventura, la cual sorprendía a penalistas de todo el globo, pocos fueron los resultados y grandes fueron las tensiones diplomáticas que ocasionaban (pues se pretendió juzgar temas como el Tíbet o el caso Guatemala). Sin embargo sólo un proceso acabó satisfactoriamente, y este fue la condena al dictador argentino Scilingo por genocidio, terrorismo y torturas. Otro caso que dio pasos importantes pero llegó demasiado tarde fue el de Pinochet, cuya detención en Londres dio la vuelta al mundo. Poco más dio de sí la aplicación de una Justicia Universal que lo único que demostraba era la inoperancia de la Corte Penal Internacional. 

Las presiones diplomáticas hacia España llevaron a la modificación de la legislación de forma restrictiva en el 2009, pues uno de los argumentos de los países requeridos más elocuentes era la poca legitimidad que teníamos de juzgar los crímenes perpetrados en otros países mientras nuestra dictadura fue larga, sangrienta y represora hasta sus últimos días mientras no iniciábamos ninguna depuración de responsabilidades; todas quedaban excluidas bajo la Ley de Amnistía de 1977.

Ahora se ha girado la tortilla, y es en Argentina donde se está procesando las responsabilidades del franquismo, y no es casualidad que sea en Argentina. La derivación del caso aquí en España de la Audiencia Nacional (instruida por el juez Garzón) hacia los juzgados de primera instancia han convertido una causa de alcance estatal en imposible de investigar por los juzgados. La diversificación de las causas por el territorio es una estrategia muy repetida que suele llevar a la impunidad; así lo muestran numerosos procesos que se han querido investigar sobre otras dictaduras latinoamericanas. Esto ha dado pie a que en Argentina se abra una causa general y que ha derivado en la solicitud esta semana de la extradición de 4 ex altos funcionarios policiales del franquismo, acusados de torturas y detenciones ilegales.

De pronto la solicitud de la juez Servini ya impide que los imputados puedan salir del país (pues la InterPol asume la búsqueda y captura). La pregunta clave es cómo actuará el gobierno español (pues la cuestión judicial se ha convertido en política). Para ello nos debemos remitir al Tratado de Extradición y Asistencia Judicial Penal entre ambos países acordado en 1987 (y entrado en vigor en 1990). En el mismo (y que como Tratado Internacional tiene fuerza de Ley) se obliga a las autoridades españolas a la colaboración, detención y entrega de los solicitados por Argentina. Sin embargo el art. 7.2 del citado tratado deja de forma dispositiva la posibilidad de rechazar la extradición a condición de que se investigue en España.

La ineficaz investigación en las primeras instancias de los crímenes del franquismo le puede servir al gobierno para rechazar estas extradiciones. Al fin y al cabo se trata de volver al mismo punto de partida en el que se situó el proceso al inhibirse la Audiencia Nacional.

La cuestión no es ajena a la realidad política de nuestro país, de la cual no debemos engañarnos: sorprendería mucho que la colaboración fuese efectiva y se acaben produciendo las extradiciones. El estado español vuelve a dar protección a graves delitos como la tortura, y hay que recordar que el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa ya ha manifestado en reiteradas ocasiones la existencia de torturas en España; sin llegar a ser en la actualidad sistemáticas (como sí lo fue durante el franquismo), ¿El gobierno volverá a hacer oídos sordos a la persecución de los torturadores?