¿Cómo regulamos los ‘eSports’?

Antes de nada, y para aquellos que no sepan de qué estamos hablando, los "eSports" o deportes electrónicos son las tradicionales competiciones multijugador de videojuegos, pero llevadas a una mayor escala en la que participan jugadores profesionales (gamers), y que incluso se retransmiten en directo reuniendo a miles de personas frente a las pantallas.

Aunque siempre han existido pequeñas liguillas entre los amigos, que se juntaban en una casa todos a enfrentarse en el videojuego y ver quién era el mejor, desde principios de los 2000, y con la normalización de la conexión de Internet en la mayoría de hogares, se ha facilitado el encuentro de estos jugadores para organizar cada vez liguillas mayores hasta llegar a lo que actualmente se conoce como "eSports".

El gran auge de esta variante en los videojuegos ha hecho que cierto tipo de éstos, como los de lucha o deporte, se orienten cada vez más al formato multijugador, por lo que millones de personas en el mundo se están sumando a este entretenimiento como uno más, igual que la retransmisión de deportes convencionales en la televisión, por ejemplo.

Ello nos lleva al surgimiento de una nueva necesidad, la regulación legal de este tipo de competiciones. Con el crecimiento de esta modalidad de juego crece también el negocio en torno a él, nuevas empresas centradas en la creación de competiciones y clubs, la retransmisión de éstas, los acuerdos entre las diferentes empresas dedicadas a ello, etc. Es decir, surge de aquí una nueva industria que se empieza a diferenciar ya claramente de la industria de los videojuegos, de la que parece que empieza a escindirse.

Además, abogados expertos en las nuevas tecnologías advierten ya que la necesidad de regulación de esta nueva industria en auge es urgente. El hecho de que no exista aún, hace que en ocasiones los gamers profesionales puedan verse desprotegidos y no tengan muy claros cuáles son sus derechos frente a las empresas que empiezan a explotar el sector. Además, también los anunciantes y patrocinadores de estos eventos se hallan perdidos sin tener muy claro cómo deben actuar.

Pero este problema no afecta únicamente a España, pues no es nuestro país el único que aún no ha comenzado la regulación legal de este nuevo sector. Países como Estados Unidos, dónde es aún más importante si cabe este nuevo negocio, carecen también de un sistema regulatorio del mismo, por lo que ya empiezan a abrirse los primeros despachos de abogados enfocados en exclusiva a los "eSports", este es el caso de Bryce Blum que ha lanzado la primera firma mundial centrada únicamente en esta área, ESG Law.

En España, dónde algunos despachos se mueven ya en el tema, aunque no de forma preferente. La firma Ontier publica un informe en el que respecto a la necesidad regulatoria del sector dice lo siguiente: "Resulta evidente que esta nueva realidad requiere de un marco jurídico que garantice los derechos de los jugadores profesionales, sus clubes, las ligas, los publishers, los patrocinadores y los demás actores que contribuyen, día tras día, a la profesionalización de los e-Sports. Desde la perspectiva jurídica, la consolidación de los deportes electrónicos y el gran número de similitudes que tiene con respecto a los deportes tradicionales propone un abanico de posibilidades de cara a su regulación. Esta puede ir desde la auto-regulación más absoluta hasta el reconocimiento oficial como deporte, con las garantías que ello conllevaría para todos los actores involucrados. Además, es necesario lidiar con asuntos como los aspectos mercantiles y laborales de los clubes, el régimen de lesiones, el dopaje, la existencia de derechos audiovisuales, la presencia de patrocinadores y de casas de apuestas y los derechos de propiedad intelectual de los estudios de videojuegos."

Todo ello nos lleva sin duda a la conclusión de que el mundo del videojuego se está viendo revolucionado por este uso masivo de los mismos, por lo que ya se escapa de la primigenia industria en la que fue concebido y pasa a ser persé, una nueva industria que regular, para proteger derechos y libertades fundamentales de todos los actores que intervengan en la misma.