¿Cómo ejercer el derecho de acceso a la información con éxito?

Por ello, podemos entender que es más que evidente que los ciudadanos tienen un derecho fundamental al acceso a la información sobre los asuntos públicos. Sin embargo, en la práctica diaria esto no es tan sencillo, y el acceso a la información por parte de los ciudadanos se ve en muchas ocasiones obstruido por peticiones desestimadas, suspendidas o archivadas.

Para regular el derecho al acceso a la información, tenemos la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Así que, en aplicación de la misma,el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene el deber de publicar de forma periódica y actualizada toda aquella información cuyo conocimiento sea relevante, para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública. Evidentemente, a esta información se le aplican los límites de la protección de datos de carácter personal, por lo que aquella que contenga datos especialmente protegidos, sólo se podrá publicar tras eliminar estos.

El problema, en este aspecto, se encuentra en aquella información que las administraciones o el Consejo no proporcionan, pero que los ciudadanos sí están interesados en conocer, ya que como hemos dicho, ahí es donde más faltas podemos encontrar. De hecho, en las últimas estadísticas publicadas, hasta 30 de septiembre de 2017, el Consejo de Transparencia afirma haber recibido un total de 3859 iniciativas ciudadanas, de las que un 57,27% son reclamaciones, correspondiendo 1514 al ámbito de la Administración del Estado y 696 a las Administraciones territoriales. Como vemos, un número muy elevado. Así que, teniendo en cuenta esto, hay una serie de cosas que podemos hacer en el momento de solicitar la información, para poner más difícil que nos rechacen nuestra solicitud.

La primera de las medidas a tomar es la más básica de todas, una correcta identificación de la institución a la que tenemos que dirigir nuestra petición. Esto es básico y esencial, porque si no la dirigimos al lugar adecuado, lógicamente nuestra petición será desestimada, pues no tendrán los datos para facilitárnoslos.

Después de ello, tenemos siempre que identificarnos correctamente a nosotros mismos en nuestra solicitud de información, además, es más que conveniente identificar las razones por las que solicitamos el acceso a la información. No es que sea una obligación justificar el por qué queremos esa información, pero si esgrimimos las razones por las que nos hallamos interesados en esos datos es mucho más probable que la respuesta sea positiva y nos concedan la información solicitada.

Por último, y aunque parezca una obviedad, queremos resaltar que al hacer la solicitud no basta con ser genéricos en la misma, sino que debemos de ser lo más concretos y concisos posible en cuanto a la información que solicitamos. Es mejor pecar de ser demasiado explicativo sobre lo que deseamos saber, que quedarnos cortos y arriesgarnos a que la institución descarte la solicitud para no "calentarse demasiado la cabeza".

Si aun habiendo cumplido todos estos requisitos, la solicitud fuera rechazada, o no se nos facilita la información correcta y de forma satisfactoria, todavía disponemos de un último cartucho, el de reclamar ante el órgano de control de la transparencia correspondiente. En el caso del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, es responsable de las reclamaciones contra las solicitudes de información de competencia estatal, así como las de competencia autonómica o local para las Comunidades Autónomas de Madrid, Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha y las ciudades de Ceuta y Melilla. Esta reclamación siempre será gratuita, y en las páginas web correspondientes suelen tener un apartado en el que te facilitan la ayuda necesaria para llevarla a cabo, o un teléfono y correo electrónico a través del que atenderte para solucionar dudas.