¿Cuál es el papel de los Tribunales contra la corrupción?

En la actualidad se trata de una de las preguntas "del millón" ¿qué papel tienen los Tribunales contra la corrupción? El problema de esta cuestión no es darle una respuesta a la misma, que sería algo sumamente complejo y técnico, si no que cuando llega el turno de actuación de los Tribunales es porque ya se ha producido el hecho delictivo, por lo que los Tribunales no tienen a priori ningún papel en la prevención de esos comportamientos. Sin embargo, decimos a priori porque en muchas ocasiones la Justicia actúa como ejemplo, como diciendo "Esta persona ha sido condenada por haber cedido a la corrupción, ten en cuenta que si tú cedes a ella también terminarás así." Pero la corrupción, por desgracia, se ha convertido en una lacra en nuestro país. En un panorama en el que parece que cada vez hay más políticos y personajes relevantes implicados en casos de corrupción, el pueblo empieza a desconfiar cada vez más de la clase dirigente, siendo lo común escuchar comentarios absolutamente desalentadores sobre la imagen de nuestros políticos así como de nuestra Justicia.

Para responder a esta pregunta que muchos se hacen en la actualidad, primero tenemos que tener claro que nuestro ordenamiento legal presupone que cada uno de nosotros está actuando de forma correcta y está cumpliendo con las leyes que lo componen, no cometiendo ningún acto ilícito. Así, sólo en el caso de que existan sospechas de que algún ciudadano no está cumpliendo con las normas, será cuando actúen los órganos judiciales, investigando los actos de ese ciudadano para comprobar si efectivamente ha cometido algún acto ilícito.

Por ello, podemos concluir de una forma bastante resumida, que la tan ansiada respuesta a la pregunta que nos ocupa es, que el poder judicial no tiene, a priori, herramientas para impedir la corrupción y que el único papel que desempeña es el de condenar a los autores de estos delitos, por lo que cómo mucho, podría desempeñar un papel ejemplarizante hacia los demás ciudadanos, tratando en todo caso de prevenir que alguien más lleve a cabo esa conducta ilegal. Así mismo, también tiene el poder de impedir que quién está cometiendo ese tipo de delitos siga haciéndolo y de descubrir a otras personas involucradas en el mismo comportamiento en el curso de las investigaciones, todo lo cual conllevaría el frenar la corrupción que pueda existir.

Delitos de corrupción

Dicho esto, y teniendo en cuenta que la temática que nos ocupa hoy es algo compleja y técnica, vamos a tratar de enumerar, y explicar someramente, algunos de los delitos más importantes en el tema de la corrupción. En nuestro Código Penal, en el Titulo XIX, se regulan los Delitos contra la Administración Pública, en la que se tipifican los delitos comúnmente conocidos como "corrupción", entre estos están incluidos los siguientes comportamientos ilícitos:

• Prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos.Este tipo consiste en dictar una resolución en un asunto administrativo a sabiendas de su injusticia. Además, también puede incurrirse en el mismo cuando se propone, nombra o da posesión de un cargo público a alguien que no cumple los requisitos legales para ello, así como cuando se acepta dicho cargo; es decir, lo que se conoce como "enchufismo".
• Cohecho.Es cuando una autoridad o funcionario público acepta dinero, regalos, favores o retribución de cualquier tipo a cambio de llevar a cabo un acto contrario a los deberes o actos propios de su cargo, o no realizar o retrasar injustificadamente aquello que debiera hacer. También los particulares podrán cometer cohecho si son los que entregan el dinero, regalos, retribución de cualquier tipo o prometen favores a la autoridad pública o funcionario para que realice la citada conducta.
• Tráfico de influencias.Lo comete el funcionario público o autoridad que influya en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste, para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero. Igual que el anterior también puede cometerse por particulares.
• Malversación.Lo comete la autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, sustraiga o consienta que un tercero sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones.
• Fraudes y exacciones ilegales.Se trata de un tipo delictivo que consiste en la que una autoridad o funcionario público, interviniendo por razón de su cargo, en actos de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se ponga de acuerdo con el/los particulares los interesados o usase de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público. Será delito también el comportamiento del particular. Igualmente cometerá este delito la autoridad o funcionario público que exija, directa o indirectamente, derechos, tarifas por aranceles o minutas que no sean debidos o en cuantía mayor a la legalmente señalada. Así como la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, cometa algún delito de estafa o apropiación indebida.
• Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función. Las autoridades o funcionarios públicos que, debiendo intervenir por razón de su cargo en cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad, tienen absolutamente prohibido el aprovecharse de tal circunstancia para obtener beneficios para sí o para tercero. Así mismo, también tienen prohibido hacer uso de los secretos de los que tengan conocimiento por razón de su oficio o cargo y de las informaciones privilegiadas, con ánimo de obtener beneficio económico para sí o para un tercero. Igualmente están absolutamente prohibida la solicitud de favores sexuales para sí o para tercero interpuesto.
• De los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales. Consiste en el ofrecimiento, promesa o concesión de cualquier beneficio indebido, pecuniario o de otra clase, para intentar corromper, por sí o por persona interpuesta, a los funcionarios públicos extranjeros o de organizaciones internacionales, en beneficio propio o de un tercero. Así como, atender sus solicitudes al respecto, con el fin de que actúen o se abstengan de actuar en relación con el ejercicio de funciones públicas para conseguir o conservar un contrato u otro beneficio irregular en la realización de actividades económicas internacionales.